viernes, 3 de febrero de 2012

Tris, tras... tres+3

Si la cuestión sobre el sentido y contenido de Educación para la Ciudadanía dispersó las dudas  en materia de política y enseñanza, ahora, las Escuelas Católicas afirman que la reforma educativa para la Enseñanza Secundaria, puede llevar "al cierre de un millar de centros concertados". Que el cambio en su distribución [(4+2) a (3+3)] al mover la linde del Bachillerato para reducir un curso de actual tramo obligatoria de la enseñanza secundaria  (1º a 4º de ESO) puede generar "un gravísimo problema estructural". Las dudas se plantean sobre su sentido práctico y sobre la base jurídica, en los centros concertados de ESO con Bachillerato sin concierto


"(Escuelas Católicas).- Ante las declaraciones realizadas por Jose I. Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, en la Comisión de Educación del Congreso, Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) expresa su enorme preocupación por el anuncio de la reestructuración de la ESO y el Bachillerato, transformando estas enseñanzas en un 3 + 3. Coincidimos en que es necesario potenciar el Bachillerato, de manera que los alumnos adquieran la necesaria formación preparatoria de sus estudios universitarios o técnicos, pero este mismo objetivo se puede conseguir con distintas alternativas, evitando generar un gravísimo problema estructural en los centros de Secundaria, especialmente, en los centros concertados.

Entre las distintas alternativas estaría la reconfiguración de la enseñanza obligatoria de cuatro años 12-16, con tres años de Educación Secundaria General (común) y un año obligatorio de Educación Secundaria Preparatoria propedéutico (curso preparatorio de Bachillerato o FP, que sería como primero de Bachillerato). Al finalizar esta etapa obligatoria, a los 16 años, se obtendría el titulo correspondiente. De esta manera se conjuga por un lado, el fortalecer contenidos preparatorios de Bachillerato, con la edad de escolarización obligatoria de los 16 años y la obtención del título en el momento de acceder a los estudios posteriores.

Otra alternativa a estudiar sería la prolongación del Bachillerato a tres años, en las edades correspondientes a 16-19 años, sin reducir la ESO, tal y como tienen países de nuestro entorno como Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia, etc. De esta manera, se conseguiría aumentar la preparación de los alumnos, evitando crear "cursos 0" en los estudios universitarios que compensen la carencia del Bachillerato. Igualmente, los alumnos que accedieran a la Universidad o a los Ciclos Formativos de Grado Superior tendrían una mayor madurez para afrontar la exigencia académica propia de esta formación.

En este sentido, Escuelas Católicas cifra en 1.071 sus centros educativos que finalizan su oferta en 4º de ESO, sin continuidad en Bachillerato. De esta manera, si el Gobierno impulsa una modificación estructural del Bachillerato incrementando su duración en un año a costa de 4º de ESO, se corre el peligro cierto de perder más de 1.200 unidades en poco tiempo, pues los alumnos cursarán el Bachillerato en los centros que lo ofrezcan de manera completa.

Asimismo, la propuesta de 3 + 3 genera enormes dudas prácticas y jurídicas en los centros concertados de ESO con Bachillerato sin concierto. Estas dudas se centran en la imposibilidad de compaginar dentro de una misma etapa, el régimen jurídico, económico y laboral de unidades concertadas y no concertadas.

Los centros educativos de Escuelas Católicas siempre han asumido los sacrificios inherentes a todo cambio educativo y han contribuido con notables esfuerzos a la hora de aprovechar las oportunidades que suponía cada reforma, pero estimamos que para alcanzar el objetivo general de mejorar los contenidos y resultados de Bachillerato no es necesario romper el actual esquema 12-16, como etapa básica y obligatoria, siempre que se realice una adecuada distribución de materias en cada curso, dotando de especialidad propia al curso final, en clave propedéutica.

Respecto a las medidas encaminadas a mejorar la calidad de nuestro sistema y los resultados, apoyamos todas aquellas que respeten la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros y siempre que cuenten con una financiación adecuada. Siempre hemos apostado por la autonomía como factor esencial de mejora, a pesar de que siempre ha sido la verdadera asignatura pendiente.

Por último, en referencia al impulso del bilingüismo, es prioritario establecer unos criterios comunes con las respectivas comunidades autónomas y un plan de financiación en todos los centros públicos y privados concertados. En cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, vemos positivo afrontar un nuevo enfoque, centrando los puntos en temas constitucionales y con una denominación exenta de polémica".

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