Hasta 202 euros al mes de media en Cataluña por estudiar en la concertada: un informe denuncia las cuotas obligatorias que deben pagar las familias – Ana Torres Menárguez

La escuela concertada sigue exigiendo a las familias el pago de cuotas mensuales obligatorias. De los 202 euros de media en Cataluña, a los 133 de Madrid o los 84 de País Vasco. Así lo han denunciado este miércoles la patronal que aglutina a las escuelas privadas (Cicae) y la federación de familias de la pública (Ceapa), en el Estudio de precios de colegios concertados, elaborado por una consultora a través de la metodología mystery shopper, con simulaciones de familias que pidieron información para matricular a sus hijos en el curso 2021-2022. Aunque el análisis se ha centrado en 338 centros concertados de un total de 5.381 en toda España (el 6,2%), abre un debate muy polémico sobre en concepto de qué se cobran esas cuotas (actividades extraescolares) y si se hace en horario lectivo.

La ley educativa establece desde 2006 que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”. También fija la imposibilidad de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios” que requieran aportación económica. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares “con carácter voluntario”. La última reforma legal (la Lomloe, aprobada el pasado diciembre) especifica además que está prohibido el cobro de cuotas por actividades realizadas dentro del horario escolar o aquellas que sean necesarias para el desarrollo del currículo.

El estudio, que analiza 338 centros de siete autonomías ―además de las citadas anteriormente, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas mensuales se sitúan en los 80 euros de media―, pone de manifiesto que el 87% de los colegios cobra alguna cantidad a los alumnos y que el 45% de los mismos no entrega “hoja de precios” o algún documento que especifique las cuantías de las cuotas que se cobrarán.

Muchos concertados cobran pequeñas cantidades por multitud de conceptos: servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar, atención a la capellanía, o, incluso, el proyecto pedagógico del centro. En algunos de los colegios, señala el informe, la jornada lectiva (la que es gratuita) no empieza hasta las nueve o las diez de la mañana, lo que fuerza a las familias a pagar el servicio de madrugadores. Un estudio de la OCU de 2017 calculaba que los hogares gastan de media al año 841 euros en enseñanza si el niño está matriculado en un colegio público, 1.856 en un concertado y 4.086 en un privado.

La presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, ha criticado que algunos centros concertados utilicen el “subterfugio de ubicar las actividades complementarias en medio de la mañana para que a las familias no les quede más remedio que pagar”. “Facilitan la conciliación, pero siempre previo pago de una cuota”, ha lamentado.

Elena Cid, directora de Cicae, ha señalado que una parte de la concertada “incumple” y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que otros centros no las exigen o son muy reducidas. “Estamos expectantes por comprobar si la Lomloe significará el primer paso para que las actividades complementarias de carácter permanente no estén dentro del horario escolar y que así se garantice la voluntariedad de su asistencia”, ha transmitido.

El problema de la infrafinanciación

En 2009, el gasto en conciertos educativos en España fue de 5.891 millones de euros. En 2018, ascendió a 6.339 millones, lo que supone un aumento de 448 millones, un 7,6% más, según reflejan las estadísticas del Ministerio de Educación. El resto del gasto público a instituciones de educación no universitaria se redujo en 1.553 millones, un descenso del 5%. Ese incremento no ha solucionado la falta de financiación crónica de esta red educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas por la ley, que realizan los padres a los centros.

Desde que se pusieron en marcha en 1985 con los socialistas en el Gobierno, los módulos de concierto no se han tocado. La intención del Ministerio de Educación es que una nueva comisión ―con presencia de las patronales de la concertada y los sindicatos― “valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad” para incluir sus conclusiones en el plan de incremento del gasto público. Los concertados argumentan que cobran las cuotas “voluntarias” para paliar su déficit en las cuentas por la infrafinanciación pública.

 El 87 % de los centros españoles concertados cobra alguna cantidad a los alumnos, según un muestreo sobre 338 escuelas impulsado por la federación de padres de la pública Ceapa y la patronal de la privada Cicae

Ana Torres Menárguez

Madrid - 06 OCT 2021 - 15:53 CEST

Cartas a la Directora

Es incoherente que no le dejemos pelar patatas por si se corta y sí ver series en las que se cuartea a personas. O que un tercio del salario de su madre lo destine a su consola y que se desconsuele cuando le emplazan a poner la lavadora. ¿Será que su destreza se limita a la presión de botoncitos y está discapacitada para pulsar cualquier botón de cooperación con el mundo real? Los padres del “me aburro” estamos criando a hijos que se atienen al mantra del “me da pereza”. ¡Con lo sano y necesario que sería permitirles gozar del aburrimiento! Si a golpe de click obtiene el like y a la voz de quiero, el juego... ¿qué razón hay para esforzarse? Los padres del “me aburro” quizá escuchamos demasiados noes; tantos, como síes dirigimos a los hijos del “me da pereza”. Las pantallas pueden hacerlos ver y escuchar. Y sí, también sentir. Pero nunca vivir. Porque el mundo y su aprendizaje no caben dentro de un dispositivo digital. Y sí, muchas veces la respuesta es sí, pero tantas otras es no... Podemos formarlos también en la buena educación del no.

Gema Regueiro Pedrayes. Llanes (Asturias)

Suspensos y selectividad

Por supuesto que no hay que rebajar el valor de los diplomas. Pero como víctima de la persecución de un profesor cuando yo era alumno y teniendo que enfrentarme después, ya como profesor, en un sentido aparentemente contrario, con el problema de un estudiante que tenía dificultades físicas, me alegro de que se legisle para que se pueda aprobar la selectividad con un suspenso.

Fermín Espinosa Romeo. Madrid

Jugar al calamar en el recreo

La nueva serie El juego del calamar ha sido un bombazo en los patios de mi colegio. Como estudiante de último curso, veo como los más pequeños de mi centro usan esta serie como referencia para los juegos del recreo además de que, en todos los juegos, los jugadores que pierden acaban muertos en vez de eliminados como se hacía antes. Tengo 17 años y hace siete, cuando jugaba en el recreo, lo peor que podías hacer era pintar mal la rayuela, mientras que ahora juegan a eliminarse a empujones y haciéndose los muertos. Como hermana mayor, me inquieta la popularización de este tipo de juegos en los recreos, y aún más que todo esto se deba a una amplificación de los juegos por las redes sociales, convertidas en los nuevos padres de las próximas generaciones.

Cristina Rodríguez Ayllón. Alcorcón (Madrid)

Nueva ley de educación: del jardín ideal al bosque – Lola Pons

Cada vez que se habla de la aprobación de una nueva ley educativa, yo recuerdo las clases de mi bachillerato. En ellas, una profesora manchada de tiza nos explicaba cómo el trasfondo de muchos cuadros de la iconografía cristiana era un maravilloso jardín, impecable, limitado en sus confines, de sembrados lineales y arbolado pulcro. Era el jardín cerrado, el hortus conclusus que recreaba el paraíso original, un espacio gozoso donde cualquiera se imaginaría eligiendo un fruto fresco de la rama, desconectado del ajetreo exterior, protegido de los vaivenes de la realidad al mismo tiempo que limitado en una cuadrícula separada del entorno.

Una reforma educativa es siempre una tensión entre aquello que se tiene y aquello a lo que se aspira. Por eso hay algo que conecta estas disposiciones legales con los jardines de la idealidad. Las leyes tasan en horas y asignaturas el conocimiento; todo lo que se cree necesario para el ejercicio profesional futuro se convierte en una asignatura del presente; esto es una ecuación prospectiva con muchos riesgos, pero se dan por asumibles. Todo aquello de cuya rentabilidad inmediata se duda se acaba convirtiendo, como mucho, en una simpática optativa. En el hortus conclusus de la normativa, la optatividad es amplia, muy completa, con asignaturas más originales y otras más tradicionales. En el bosque real de la aplicación en los centros de secundaria y bachillerato, la mayoría de esas optativas no es ofertada: no pueden constituirse grupos suficientes, falta el profesorado, se reduce el catálogo... La realidad termina afectando a la idealidad del jardín de las asignaturas.

Ese es el coladero por el que el latín y el griego amenazan con escurrirse para siempre de muchos institutos españoles. La cultura clásica es esa que nos enseñó a saber traducir la expresión hortus conclusus y a sacarle su raíz bíblica, la que nos legó las historias que hoy con otros nombres nos narran las películas, la que nos mostró por primera vez a seres humanos libres, desesperados, maníacos, sobrepuestos a la tragedia o devorados por ella... En la misma ley que nos habla de la necesidad de enseñar creatividad y comprensión lectora esa tradición se relega a la optatividad y a la decisión de los centros. Por decenas de optativas que se planteen, la cultura clásica no se impartirá si no se incluye en más cursos como obligatoria. Si no hay alumnos suficientes, no se repondrá su profesorado; si no se repone, no se volverá a ofertar. Este sábado, profesores y alumnos afectados por este nuevo pisotón a las lenguas clásicas se manifiestan en Madrid, creo que con razón.

Las cambiantes leyes educativas y sus subsiguientes regulaciones en la aplicación autonómica tienen una idealidad tan pictórica que terminan siendo insolentes. Una legislación articulada así, como construcción de un precioso hortus conclusus, es una forma de hablar de educación sin salir de la cuadrícula, una manera de huir de las realidades más problemáticas de los centros: docentes enterrados en burocracia, los institutos rurales agujereados por la itinerancia de su profesorado, centros que querrían ofertar estudios consistentes y no una amalgama de materias que cambia de año a año según la plantilla que haya a disposición... En este terreno de la educación, labrar con la realidad es más efectivo y difícil que imaginarse un jardín ideal, pero muchos no quieren mancharse la mano de tiza.

 LOLA PONS RODRÍGUEZ

04 NOV 2021