"Se conoce ya el Borrador ministerial del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas españolas, que pretende regular la llamada carrera docente. Esta tendría tres grados horizontales (una contradictio in terminis, por cierto) de profesores titulares y de catedráticos que se alcanzarían acumulando puntos según un baremo, en una especie de carnet por puntos del docente universitario. Uno pensaba, ingenuamente, que ya había reglamentación más que de sobra. Pero lo peor es que el Borrador es un ejemplo más de una perversidad a la que los legisladores educativos nos tienen acostumbrados: un preámbulo más o menos aceptable ("el profesor ha sido, sigue siendo y debe seguir siendo un investigador, un generador de conocimiento y no un mero transmisor", declara enfáticamente), seguido de una insufrible normativa (¡46 páginas!) contraria a los elevados principios iniciales. Aunque el preámbulo también genera inquietud, pues habla de la "carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes o investigadores", algo que redefiniría el actual personal docente (PD) e (no o) investigador (I). El resto confirma los presagios: la investigación sólo vale 50 puntos de un total de 200; 120 puntos acreditan como catedrático y 140 dan un cuarto grado "de excelencia". Todo baremo es malo, pero el del Borrador permite llegar a catedrático, incluso "excelente", con cero en investigación (o con cero en innovación y transferencia de conocimiento, importantes en áreas tecnológicas). ¿Es así como el Ministerio de Educación pretende mejorar nuestras universidades, que retroceden en las clasificaciones internacionales?
Por si lo dicho fuera poco, la aplicación de ese Estatuto generará una burocracia de proporciones siderales. Involucrará a todo el profesorado universitario, que entrará en trance preparando infinitos papeles para situarse donde horizontalmente proceda; a administrativos enloquecidos ante las súbitas necesidades que atender; a innumerables comisiones evaluando -horizontalmente- quizá a miles de profesores, desatendiendo otras obligaciones; a las autonomías terciando -cómo no- con reglamentación adicional, para no ser menos, y a las universidades generando la suya, que también es lo suyo; a cientos de mesas negociadoras negociando lo innegociable, etcétera. El colapso burocrático de las universidades españolas, que no preocupa a los redactores del Borrador, no es ficción. Claro está que, como "el dinero público no es de nadie", se puede comisionear ad nauseam y despilfarrar ad infinitum impunemente, pues las ingentes sumas de tiempo académicamente improductivo y de dinero perdido no aparecerán en el debe de ningún balance.
