En 1931 se agotaba un período de la historia política hispana dando paso a la primera transición hacia un modelo de democracia parlamentaria sin presencia de la monarquía. Los resultados de las elecciones municipales daban paso a una República con demasiados problemas pendientes y no pocos apuros económicos e ideológicos. Uno de los más importantes, la enseñanza. El Estado apenas se había ocupado de ella, si bien durante el periódo de Dictadura se había emprendido una significativa labor de construcciones escolares en la idea de elevar la cultura del pueblo y dismuir la lacra de analfabetismo que caracterizaba a la población hispana. Si el Estado renuncia o no es capaz de hacer frente a sus obligaciones, la inciativa privada es la única capaz de dar satisfacción a la rala demanda privada de educación. Años de abandono llevaron a la población a un estado de incultura y analfabetismo patético. La enseñanza se convertía en un bien al alcance de unos pocos. La enseñanza media se concentraba en capitales de provincia o poblaciones singulares por su trama económica y social. Consituido el primer Gobierno de la flamante república, Miguel de Unamuno, es designado presidente del Consejo de Instrucción Pública. El primer ministro, Marcelino Domingo, le traslada de inmediato la necesidad de elaborar una ley de educación que tuviera por finalidad la de “instituir la escuela única en España”. En la segunda transición política, la realidad se superponía al deseo, y el artículo 27 de la Constitución de 1978, estampa con esmero quirúrgico los delicados principios que han de regir el sistema de enseñanza, adaptándose a una realidad desarrollada con diplomacia "vaticana" y realismo Keynesiano en la LODE.
En 1931 la "escuela única" anula al resto de condicionantes. Bien pensado, esa escuela, con independencia de su gestión, había de estar con el nuevo modelo de gobierno, y contribuir sin reticencias o enfrentamientos inútiles al fin de la extensión de la cultura a toda la sociedad. El Estado, desde una perspectiva financiera, no estaba en condiciones económicas ni políticas factibles para reconstruir por completo esa compleja realidad. Guiado por las ideas, Marcelino Domingo le pide a Unamuno, que elabore un anteproyecto basado en la “instrucción primaria gratuita, obligatoria y laica, en la igualdad de clases y sexos en la instrucción y educación, en la selección de los mejor dotados sin consideración de fortuna, y en la cultura completa y gratuita de ellos como medio único de elevar el país moral, intelectual y económicamente”. El Consejo encargó a Lorenzo Luzuriaga la elaboración de unas bases para el anteproyecto de ley, concretadas en estos puntos:
“1. La educación pública es esencialmente función del Estado. No se excluye, sin embargo, a la enseñanza privada, siempre que ésta no persiga fines políticos o confesionales partidistas.
2. La educación pública es laica o extraconfesional. Si las familias de los alumnos lo solicitaran, el Estado podrá facilitar medios para la educación religiosa fuera de la escuela (subvenciones a sacerdotes, libros, locales, etc.).
3. La educación pública es gratuita.
4. La educación pública tiene un carácter activo y creador. Se organizarán con carácter permanente cursos de perfeccionamiento para los maestros y profesores en ejercicio.
5. La educación pública tiene un carácter social. Han de atender a todas las necesidades educativas del niño, del joven y del pueblo. (…) Los centros educativos han de ser también verdaderas comunidades sociales,, implantándose en ellos, en la medida de lo posible, la autonomía de los alumno, llamando a colaboración los padres, estableciendo relaciones con las entidades profesionales y culturales de la localidad, etc., para dar una mayor vitalidad a la educación.
6. La educación pública atiende por igual a los alumnos de uno y otro sexo. Para ello, es esencial el establecimiento de la coeducación en todos los grados de la enseñanza.
7. La educación pública constituye una unidad orgánica. Dentro de ella existen tres grados esenciales íntimamente relacionados de suerte que pueda pasarse fácilmente de unos a otros.
8. La educación pública atenderá a la cultura de los adultos.
9. El Magisterio de todos los grados de la educación constituye un todo orgánico. a) Preparación equivalente, no igual, la más alta posible para todos los docentes. Los profesores secundarios y universitarios recibirán también una preparación pedagógica, de la que hoy oficialmente carecen. c) Una remuneración equivalente, en cuanto se trate de la función exclusivamente docente y no de la científica o de investigación, que se pagará aparte”.
Notas de trabajo. Rubio Mayoral / 10
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